Discriminación por identidad de género
Enviado por DDHH el Mar, 19/10/2010 - 15:27.
Por Claudia Vásquez Haro
El pasado viernes 15 de octubre viví personalmente la discriminación como un tipo de mecanismo que opera de manera cotidiana dentro de las instituciones estatales. En el momento en el que fui a realizar el tramite de mi Documento Nacional de Identidad (DNI) al ser una persona trans, el funcionario público Miguel Ángel Mosqueira -delegado de la oficina de documentación Nº 29 del Registro Provincial de las Personas de la ciudad de La Plata, ubicado en calle 1 y 59- me dijo que “el motivo por el cual no podemos hacerte el documento es porque tiene que existir una concordancia entre el sexo y la foto, el otro día ya pasó también un caso así y la chica fue a lavarse la cara y se recogió el pelo. Anda a lavarte la carita y hacete una colita en el cabello hacia atrás, porque tiene que salir más de varón la foto, para que valla bien en el documento, porque sino hay algo que está mal, o está mal el sexo o está mal la foto”.
Estas conductas discriminatorias llevadas adelante por esta oficina del estado, están íntimamente ligadas a lo que más tarde se convierte en sentido común o razonamientos establecidos dentro de una sociedad heteronormativa, que valida la violencia simbólica y el maltrato moral y psicológico. Este tipo de accionar hay que desnaturalizarlo, poniendo en crisis estas prácticas arraigadas en nuestras sociedades, posicionándonos desde la diferencia y reflexionando desde una mirada critica e integral. Es así, como existe un imaginario social intolerante y hostil hacia lo diferente, que reproduce un orden heteronormativo que perpetua el status quo.
A su vez, la falta de leyes que se ajusten a los cambios socioculturales actuales, no permite a todas las personas acceder a los mismos derechos, generándose una brecha abismal entre la teórica constitucional obsoleta y la praxis real llevada adelante por este tipo de funcionario público, de manera, violenta, desmesurada, tendenciosa y discriminatoria. Mosqueira subrayo, “las leyes yo no las puedo cambiar, o acomodamos la foto, o no te hacemos el documento, si te acepto la foto cuando la envío a la oficina de 1y 60 me rebotan, porque existe una disposición provincial que exige que la foto valla de acuerdo con el sexo”.
El derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no otro, lo que se ha denominado -con cita de Fernández Sessarego- "la mismidad de cada ser humano, absolutamente equiparable a la libertad o la vida"......se fue perfilando con caracteres autónomos, dentro de los derechos personalísimos. En un primer momento se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir del tiempo se le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la personalidad: la imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros, que están en continua evolución".
Dicho de otro modo la identidad de genero es el derecho que tiene toda persona que sienta y exprese en forma pública, estable y permanente pertenecer a un género diferente al que la sociedad le ha asignado convencionalmente debido a su sexo biológico de nacimiento.
Es el Estado quien se convierte en perpetrador de la violencia hacia las personas trans y genera una gran contradicción en el ejercicio de su poder, es decir que el que debería protegernos es quien nos violenta y maltrata desde sus políticas de acción y omisión, desentendiéndose de esta labor legal que debería ser preservar la integridad de todas las personas.
Desde esta perspectiva, es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, satisfaciendo las necesidades básicas como la salud, educación, vivienda, trabajo y por sobre todo el reconocimiento y el respeto por el derecho a la identidad de género. Al no cumplir con estas políticas el Estado y sus instituciones, discriminan, estigmatizan, criminalizan y naturalizan la exclusión de las identidades trans.
Sin duda alguna, este funcionario público (lo que hace más grave el hecho) padece de una desinformación o mala intencionalidad manifiesta, por ende tanto él como la institución, van a tener que dar respuestas jurídicas al respecto.
Desde la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, conjuntamente con el INADI, estamos evaluando la posibilidad de presentar la denuncia, por vías paralelas.
El pasado viernes 15 de octubre viví personalmente la discriminación como un tipo de mecanismo que opera de manera cotidiana dentro de las instituciones estatales. En el momento en el que fui a realizar el tramite de mi Documento Nacional de Identidad (DNI) al ser una persona trans, el funcionario público Miguel Ángel Mosqueira -delegado de la oficina de documentación Nº 29 del Registro Provincial de las Personas de la ciudad de La Plata, ubicado en calle 1 y 59- me dijo que “el motivo por el cual no podemos hacerte el documento es porque tiene que existir una concordancia entre el sexo y la foto, el otro día ya pasó también un caso así y la chica fue a lavarse la cara y se recogió el pelo. Anda a lavarte la carita y hacete una colita en el cabello hacia atrás, porque tiene que salir más de varón la foto, para que valla bien en el documento, porque sino hay algo que está mal, o está mal el sexo o está mal la foto”.
Estas conductas discriminatorias llevadas adelante por esta oficina del estado, están íntimamente ligadas a lo que más tarde se convierte en sentido común o razonamientos establecidos dentro de una sociedad heteronormativa, que valida la violencia simbólica y el maltrato moral y psicológico. Este tipo de accionar hay que desnaturalizarlo, poniendo en crisis estas prácticas arraigadas en nuestras sociedades, posicionándonos desde la diferencia y reflexionando desde una mirada critica e integral. Es así, como existe un imaginario social intolerante y hostil hacia lo diferente, que reproduce un orden heteronormativo que perpetua el status quo.
A su vez, la falta de leyes que se ajusten a los cambios socioculturales actuales, no permite a todas las personas acceder a los mismos derechos, generándose una brecha abismal entre la teórica constitucional obsoleta y la praxis real llevada adelante por este tipo de funcionario público, de manera, violenta, desmesurada, tendenciosa y discriminatoria. Mosqueira subrayo, “las leyes yo no las puedo cambiar, o acomodamos la foto, o no te hacemos el documento, si te acepto la foto cuando la envío a la oficina de 1y 60 me rebotan, porque existe una disposición provincial que exige que la foto valla de acuerdo con el sexo”.
El derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no otro, lo que se ha denominado -con cita de Fernández Sessarego- "la mismidad de cada ser humano, absolutamente equiparable a la libertad o la vida"......se fue perfilando con caracteres autónomos, dentro de los derechos personalísimos. En un primer momento se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir del tiempo se le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la personalidad: la imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros, que están en continua evolución".
Dicho de otro modo la identidad de genero es el derecho que tiene toda persona que sienta y exprese en forma pública, estable y permanente pertenecer a un género diferente al que la sociedad le ha asignado convencionalmente debido a su sexo biológico de nacimiento.
Es el Estado quien se convierte en perpetrador de la violencia hacia las personas trans y genera una gran contradicción en el ejercicio de su poder, es decir que el que debería protegernos es quien nos violenta y maltrata desde sus políticas de acción y omisión, desentendiéndose de esta labor legal que debería ser preservar la integridad de todas las personas.
Desde esta perspectiva, es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, satisfaciendo las necesidades básicas como la salud, educación, vivienda, trabajo y por sobre todo el reconocimiento y el respeto por el derecho a la identidad de género. Al no cumplir con estas políticas el Estado y sus instituciones, discriminan, estigmatizan, criminalizan y naturalizan la exclusión de las identidades trans.
Sin duda alguna, este funcionario público (lo que hace más grave el hecho) padece de una desinformación o mala intencionalidad manifiesta, por ende tanto él como la institución, van a tener que dar respuestas jurídicas al respecto.
Desde la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, conjuntamente con el INADI, estamos evaluando la posibilidad de presentar la denuncia, por vías paralelas.
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